El fallo sale dos años después que la arquidiócesis de San Juan informó a cientos de académicos retirados y en servicio que sus pensiones serían eliminadas porque los pagos excedían las contribuciones.

Decenas de docentes iniciaron la demanda que condujo al fallo, que permite a las autoridades embargar cualquier propiedad o dinero de propiedad de la Iglesia, incluso bonos, automóviles y obras de arte.

La Corte Suprema de Puerto Rico halla que los demandantes están sufriendo daños irreparables como resultado de la suspensión de los pagos de pensiones, escribió el juez Anthony Cuevas.

Dijo que la orden se puede aplicar a cualquier hora del día o de la noche en cualquier lugar de Puerto Rico y se pueden romper las cerraduras para entrar a las propiedades de la iglesia.

El vocero del arzobispo Roberto González no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones, pero el lunes dijo que el sistema de pensiones se creó como una “obra de caridad” y que no se pidió a los profesores que hicieran contribuciones con vistas a las pensiones.

El sistema se basaba en 80 escuelas que funcionaban en ese momento, pero más de la mitad han cerrado.

“El cierre de escuelas católicas en la década de 1980 era inconcebible”, dijo González. La crisis económica ha enfocado los reflectores en el sistema público de pensiones, con un pasivo de casi USD 50.000 millones.

Una junta federal de control de las finanzas de la isla propone un recorte del 10% al sistema, pero el gobierno se ha negado hasta ahora.

Con información de AP

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