Culiacán, Sinaloa a 5 de febrero de 2020.- Para dar atención a las dudas y comentarios del Poder Legislativo en relación a la glosa del tercer informe de Gobierno presentado por el Mtro. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado; la C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, compareció ante la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXII Legislatura del Congreso del Estado.
Como un periodo repleto de esfuerzos y avances, la Secretaria de Estado describió al tercer año de trabajo, en el que la prevención y gobierno transparente han sido la estrategia para un efectivo control interno con mejores resultados, rediseñando los modelos de trazabilidad de los recursos públicos con fórmulas acertadas para un gasto eficiente.
Detalló que en materia de auditoría se logró una mayor eficiencia ya que en la programación de auditorías por la Auditoría Superior de la Federación para la fiscalización de la cuenta pública de 2018 se revisó.
Primera etapa.
La Distribución de las Participaciones federales; FORTAMUN, Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; FISMDF, Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; FASA, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; FAM, Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; Programa Escuelas al CIEN; y FAFEF, Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
El alcance del Universo Auditado fue de un 96% del valor total de los Programas. De un total de 11 mil 964.4 MDP la muestra ascendió a 11 mil 436.0 MDP, sin presentarse observaciones de impacto económico, solo recomendaciones en los componentes del control interno.
Segunda Etapa
Se auditó a Seguro Popular; PROSPERA, Programa de Inclusión Social; FISE, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; FAETA, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; UPES, Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa; FORTAFIN, Fortalecimiento Financiero; Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica; Ley de Disciplina Financiera; y la obra Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 litros por segundo, del Acueducto Picachos-Mazatlán.
El alcance del Universo auditado fue de un 72% del valor total de los Programas. De un total de 5 mil 188.4 MDP la muestra ascendió a 3 mil 758 MDP, en la que tampoco se obtuvieron impactos económicos en 7 auditorías; en las 3 restantes se observó un impacto de 16.6 MDP por factores ajenos al control del Gobierno del Estado.
Tercera Etapa
Se analizó a U08O, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; PDR, Programas de Desarrollo Regional; Participaciones Federales a Entidades Federativas ; PETC, Escuelas de Tiempo Completo; FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; REFAM, Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples; las obra reconstrucción de la Avenida del Mar; Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Lodos Activados de 2020 Litros por segundo a 400 Litros por segundo (Urias I); Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 350 Litros por segundo (Urias II) y salida para interconectar la Autopista Benito Juárez con Carretera Culiacán-Altata.
Dijo que el alcance del Universo auditado fue de 29 mil 301.5 MDP con los resultados publicados por la ASF a más tardar el 20 de febrero de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vaticinando un resultado sobresalientes, similar a las anteriores auditorías.
Respecto a las auditorías programadas con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la STRC realizó de manera directa 27 auditorías por 333.4 MDP a organismos públicos descentralizados, dependencias del Ejecutivo estatal, y municipios, así como la participación en 10 auditorías conjuntas en las cuales se tuvo una muestra de 9 mil 891 MDP.
A la par, el cierre del ejercicio 2019, la STRC llevó a cabo 28 actos de fiscalización en los que en conjunto, y en términos de cobertura, representan una revisión de 55 mil 739 MDP, que asciende a más del 95.2% de los recursos asignados.
“Tomamos el reto de transformar los modelos de actuación obsoletos y estáticos por una inserción permanente de la cultura de la legalidad y ética pública, estableciendo órganos internos de control capacitando a sus coordinadores con el fin de que identifiquen los riesgos en la ejecución de los programas institucionales, en el ejercicio del presupuesto, y en los procesos institucionales” declaró.
En materia de contrataciones, se asistió a un total de mil 133 actos, aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallos; así como a 184 sesiones de comité técnico resolutivo, con el objetivo de prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.
Precisó que este sería el tercer año consecutivo en que se cumplen al 100% los compromisos adquiridos con la SFP en materia de contraloría social, se capacitó a servidores públicos y beneficiarios de programas de desarrollo social federal.
“El Poder Ejecutivo se ubica en el parámetro de evaluación sobresaliente de acuerdo a los resultados del proceso de verificación 2018 realizado por parte de la CEAIP, ubicándose las Secretarías con un 95.05% de cumplimento, y los Organismos Públicos Descentralizados con un 91.62%”, comentó la Secretaria, resaltando el índice de cumplimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas con el 100%.
Recalcó que durante 2019 se atendieron 6 mil 229 solicitudes de información, con un grado de satisfacción de 97.5%.
Informó que Sinaloa se ubicó en segundo lugar a nivel nacional, en el índice que mide el Nivel de Transparencia, Disponibilidad y Calidad de la Información Financiera del Gasto en Salud (ITGSEF), escalando 21 lugares con respecto a la medición anterior con un registro de 93.6 puntos.
En cuanto a responsabilidades administrativas, Yan Rubio afirmó que se iniciaron 45 procedimientos administrativos, resolviéndose hasta el momento 25, y 20 se encuentran en trámite. Los 25 asuntos resueltos culminaron con la imposición de 25 sanciones administrativas: 18 de éstas fueron amonestaciones, 4 suspensiones y 3 inhabilitaciones; así como 7 sanciones económicas por un monto de 1 millón 139 mil 706 pesos. Esto representa un estándar de resolución del 56%.
La comparecencia se realizó ante la presencia de Graciela Domínguez, Gloria Himelda Félix, Cecilia Covarrubias y Jesús Armando Ramírez, Presidentes de la Junta de Coordinación Política; de la Mesa Directiva; de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y; de la Comisión de Ciencia y Tecnología, respectivamente.
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