Orson Iván Gastélum está a un paso de ser enviado a Estados Unidos. Un Juez Federal dictaminó procedente la extradición y solo falta que la Secretaría de Relaciones Exteriores determine si la concede o la rehusa.
El lugarteniente del Cártel de Sinaloa tenía en trámite amparos y una suspensión para evitar la extradición pero los juicios se sobreseyeron y los jueces levantaron la suspensión.
La opinión jurídica para determinar procedente la extradición fue emitida el pasado 28 de octubre por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez.
La Secretaría de Relaciones Exteriores fue notificada de la resolución el 4 de noviembre y, considerando la opinión del Juez, debe resolver si concede la extradición o la niega.
La orden de detención con fines de extradición fue librada el 5 de marzo de este año y el 14 de mayo un Juez decretó la formal detención.
De acuerdo con documentos judiciales la Embajada de los Estados Unidos envió la nota diplomática 20-1382 con la que presentó la petición formal de extradición a la SRE.
El Choló Iván se encontraba preso en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México y fue trasladado al penal federal ubicado en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca.
Con la decisión del juez de determinar procedente la extradición, los amparos que tenía en trámite contra la orden de extradición se sobreseyeron por cambio de situación jurídica y levantaron la suspensión que impedía que lo extraditaran.
“El Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que el 4 de noviembre último, el Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, notificó a esta Cancillería que el 28 de octubre de 2020, se emitió la opinión jurídica en la que se determinó conceder la extradición del quejoso; concluyendo el procedimiento”, señala el fallo de sobreseimiento.
Menciona que “la detención formal con fines de extradición del quejoso, quedó superada al momento en que se informó que se emitió la opinión jurídica en la que determinó conceder la extradición del quejoso. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Orson Iván Gastélum, contra los actos y la autoridad que quedaron señalados en los considerandos, por los motivos expuestos en este fallo”.
Según los documentos, una vez ejecutada la orden de detención con fines de extradición un juez de distrito hace del conocimiento del extraditable el contenido de la solicitud y los documentos que la acompañan.
El extraditable tiene derecho a defenderse y presentar pruebas a su favor y una vez que son desahogadas el juez emite su opinión y envía el expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que esta dependencia decida, en definitiva, si concede la extradición.
Durante el proceso de extradición la SRE cometió errores al promover recursos legales.
Cuando el juez de amparo concedió la suspensión para que no lo extraditaran hasta en tanto terminara el juicio, la SRE presentó una queja que fue desechada porque tenía como plazo para hacerla el 19 de marzo y lo hizo hasta junio.
La dependencia también presentó una queja contra la admisión del juicio de amparo y también fue desechada.
En enero de este año el Cholo promovió un amparo contra la orden de detención con fines de extradición y también se sobreseyó porque en ese momento todavía no había ninguna solicitud de parte del Gobierno de los Estados Unidos.
El narcotraficante buscó la protección de la justicia federal días después de que el gobierno Mexicano extraditó a ocho miembros de distintos cárteles.
El Cholo fue detenido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, junto con Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue extraditado el 17 de enero de 2017 y juzgado en 2019.
El Cholo ya había sido detenido en Culiacán en 2008 y en 2009 escapó del penal de Aguaruto, donde organizó una fiesta de despedida y salió por la puerta principal vestido de mujer.
En México enfrenta varios procesos penales pero solo ha sido sentenciado por uno.
En 2019 un Tribunal Colegiado confirmó una sentencia de cuatro años seis meses de cárcel y una multa de 200 días por el delito de portación de armas.
La causa penal fue iniciada cuando fue detenido en 2008 en el fraccionamiento San Florencio en Culiacán en posesión de armas de fuego.
El Teniente Vago, como también es conocido, tiene otra causa penal por los delitos de homicidio y lesiones.
La Fiscalía General de la República lo acusa de disparar desde un helicóptero contra elementos del Ejército en Mocorito.
El ataque dejó como saldo un militar muerto y cuatro heridos.
Además tiene otros procesos por los delitos de homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos para arma de uso exclusivo, portación de armas de fuego sin licencia, delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina y contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana.
Artículo publicado el 27 de diciembre de 2020 en la edición 935 del semanario Ríodoce.
