Ciudad de México.- Con la participación de especialistas y funcionarios, este jueves se llevó a cabo el Foro 13: “Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica”, del Parlamento Abierto sobre la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal.
El Estado, responsable de la autosuficiencia energética
Georgina Velasco Zanella, consejera jurídica y de servicios legales de la CFE, dijo estar a favor de la reforma porque el Estado será responsable de preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos.
El Estado conducirá el sistema eléctrico nacional y planificará su manejo, porque la CFE sí garantiza la disponibilidad ininterrumpida del suministro eléctrico de calidad y la flexibilidad operativa y capacidad de reacción inmediata ante las condiciones de demanda, contingencias por fenómenos naturales y respaldo de energías intermitentes.
La iniciativa, continuó, establece que la CFE participe con el 54 por ciento de la energía requerida en el país y que el sector privado lo haga con el 46 por cierto, lo que es acorde con el sistema de economía mixta que mandata la Constitución. Sostuvo que la reforma de 2013 destruyó el sistema de planeación del sistema eléctrico nacional y provocó un peligro real de la balcanización de las redes porque permite que los generadores privados se conecten en cualquier lugar del territorio nacional.
Las consecuencias serían graves para los hogares y negocios
En contra, Carlos Rodríguez Sámano, abogado especialista en derecho energético, señaló que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la energía más barata que la CFE tiene es aquella que proviene de los productores independientes, siendo que estos producen electricidad a un costo mucho menor y que la iniciativa de reforma propone la cancelación de todos sus contratos y permisos; “las consecuencias serían graves para los hogares y negocios que necesitan una energía confiable, a menores costos y menos contaminantes”.
Enfatizó que la iniciativa pone en entredicho principios legales que dan certeza y seguridad jurídica al presente y futuro de México; las afectaciones tocan áreas esenciales para el país.
Precisó que se trastocan garantías y principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad, salud y derecho a un medio ambiente sano y certeza jurídica, así como el principio de irretroactividad de la ley. Afirmó que la iniciativa no sólo afecta los generadores privados, sino que crea incertidumbre en cualquier inversión extranjera o nacional para mejorar la infraestructura o instalación de plantas productivas.
Necesario, que el Estado asuma la rectoría del sector
A favor, Eduardo Andrade Sánchez, director general de Profesiones de la SEP, estimó que el Estado mexicano es quien debe regir los aspectos estratégicos y funciones básicas como el abastecimiento de electricidad, el cual no debe estar en manos de privados. “Es fundamental retomar el modelo orientado al beneficio social y no a la ganancia particular”.
Explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde dinero por las transferencias que realiza a las empresas privadas desde que se aprobó la reforma de 2013. Tiene que pagar, de manera injustificada, más de 400 mil millones de pesos al sector privado. Por estos motivos, dijo, es necesario que el Estado asuma la rectoría del sector eléctrico.
La reforma generaría más daños que beneficios
En contra, Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista, consideró necesario que se analicen los impactos negativos que trae consigo la reforma. Dijo que la rectoría del sector eléctrico nunca ha estado comprometida; sin embargo, si se llega a aprobar el proyecto en sus términos generará más daños que beneficios.
Se debe hacer un análisis hacia dónde queremos ir como país y si vale la pena que con esta reforma, a través de la priorización de la generación de energías no limpias, se ponga en riesgo el miedo el medio ambiente, el cambio climático y la vida de las y los mexicanos. “Afectará distintos derechos fundamentales y generará millonarias indemnizaciones”, advirtió.
Preguntas
Posteriormente, se dio lectura a diversas preguntas que se realizaron a los ponentes relativas a competencia económica y soberanía energética, por qué reformar la Constitución, interponer recursos legales, contratos, tratados internacionales, entre otras.
Respuestas de participantes
Georgina Velasco Zanella aclaró que para no permitir apagones la Comisión respalda con sus plantas la generación eléctrica ante la concentración de los generadores privados, quienes se salen del proceso porque no tienen la continuidad necesaria para ofrecer el servicio, al saturarse. Ese es un problema importante con esta circunstancia, por lo que las plantas de ciclo combinado de la CFE se utilizan cuando se requiere respaldar la intermitencia.
Dijo que es necesario empezar a realizar una estratégica energética sustentable. Respecto a la cancelación de permisos, indicó que se habla de los permisos obtenidos de manera ilegal y con fraude a la ley. Afirmó que la Comisión quiere piso parejo y reglas claras, no quiere simulaciones ni mercados paralelos; tampoco distribuir entre los usuarios los costos, sino un trato justo y una verdadera competitividad. Por eso, esta reforma necesita aprobarse.
Eduardo Andrade Sánchez afirmó que la Constitución no puede ser inconstitucional y dijo que no se violenta ningún derecho adquirido; la Constitución puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes. Señaló que con esta reforma el Estado no violaría tratados internacionales.
Aclaró que ahora se trata de volver a colocar las cosas en su lugar, que el Estado ejerza las funciones que tiene que ejercer, eso garantiza el Estado de derecho. Sostuvo que es necesario reformar la Constitución para dar certeza.
Raúl Pérez Johnston señaló que un órgano revisor de la Constitución, sin límites, puede atropellar derechos “y eso me parece que en el siglo XXI no es aceptable”. Consideró que todas las cuestiones planteadas son atendibles a través de regulación secundaria, sin necesidad de afectar derechos constitucionales. Estimó que el modelo que se está planteando va a requerir enormes niveles de inversión pública que van a tener que ser sacados de los impuestos o a base de endeudamiento público.
Planteó de dónde se sacarán los recursos para indemnizar a los privados y los fondos públicos necesarios para cumplir con la demanda eléctrica en los próximos treinta años, cumpliendo compromisos internacionales vinculados a la protección ambiental. Refirió el margen de discrecionalidad en la interpretación de la Constitución para definirse las reglas por parte de los legisladores y reguladores.
Carlos Rodríguez Sámano consideró que como está planteada actualmente la reforma es regresiva a un modelo que ya se superó. Destacó que la iniciativa no plantea un piso parejo para los privados y aclaró que no están en contra de que se modifiquen las leyes; no obstante, no es necesaria una reforma constitucional, sino trabajar en las leyes secundarias.
Afirmó: “No debemos utilizar la Constitución para cancelar contratos, revocar permisos, ni para dañar el medio ambiente ni resolver problemas técnicos que corresponde resolver en la legislación secundaria”.
Refirió que el Estado mexicano ha establecido compromisos de largo plazo comerciales y económicos. “Realizar modificaciones constitucionales que desincentiven las inversiones futuras, poniendo en riesgo las ya efectuadas con actos carentes de neutralidad y violatorios de la libre concurrencia, representa un riesgo para el cumplimiento de los objetivos establecidos como país”, apuntó.
