La diputada Gabriela Sodi Miranda, del PRD, propuso que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), supervise que las instituciones financieras cuenten con protocolos y personal especializado, vía remota y presencial, que proporcionen información y orientación a las personas adultas mayores.
En una iniciativa que adiciona el artículo 59 Bis 2 a la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, precisa que, en todo caso, la Condusef brindará atención preferente a este sector de la población y generará los mecanismos para la protección de sus derechos.
También adiciona el artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de que la Procuraduría Federal del Consumidor supervise que los proveedores cuenten con protocolos y personal especializado, por vía remota y presencial, para que proporcionen información a ese sector, brinde atención preferente y genere mecanismos para la protección de sus derechos.
La propuesta, remitida a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, Comercio y Competitividad, argumenta que los problemas y violaciones a los derechos que padecen las personas adultas mayores derivan de conversaciones telefónicas o visitas dentro de las instituciones tanto bancarias como de las que brindan servicios, que no toman en consideración sus características particulares y no cuentan con personal capacitado para atenderlas.
Ante ello, expone que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas y establecer programas para asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas y privadas cuenten con protocolos, infraestructura, mobiliario y recursos humanos.
Indica que cifras de la Condusef señalan que entre enero y julio de 2021 las personas adultas mayores a 60 años presentaron 24 mil 436 reclamaciones ante la dependencia contra la banca múltiple, de las cuales 64.7 por ciento están relacionadas con un posible fraude.
Destaca la estafa virtual con 25.8 por ciento. Entre los motivos están los consumos no reconocidos con 40.6 por ciento, cargos no reconocidos en la cuenta 8.6 por ciento, transferencia electrónica no reconocida 8.1 por ciento, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida 8 por ciento, y solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada 6.7 por ciento.
Menciona que uno de los mayores reclamos fue por problemas de calidad del servicio en telecomunicaciones, violando lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que establece que el proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor.
La iniciativa destaca la importancia de generar políticas públicas que permitan garantizar los derechos de las personas adultas mayores al asistir a instituciones financieras, toda vez que se han convertido en blanco preferido de defraudadores, por su vulnerabilidad frente a los avances tecnológicos en materia financiera.
