Ciudad de México.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que la reforma a la industria eléctrica puede y debe ser una oportunidad extraordinaria para detonar proyectos de desarrollo regional, pero también, una ocasión propicia para apoyar la economía familiar, bajando los costos de los recibos de la luz, como lo reclaman los sinaloenses, al igual que todos los mexicanos.
Esto lo comentó al participar, a invitación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la clausura del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evento que tuvo lugar en el recinto legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México.
En este proyecto de reforma eléctrica se contempla la modernización de 16 centrales hidroeléctricas en todo el país, de las cuales cuatro están en Sinaloa, y precisamente dos de ellas fueron supervisadas este domingo por el mismo presidente López Obrador en su gira por Mazatlán y Rosario, al visitar las hidroeléctricas Picachos y Santa María, esta última en proceso de construcción.
Con ello, Sinaloa quedará en condiciones sobradas para atender la demanda de energía que actualmente requiere su población y las actividades económicas, bajo la premisa de contar con energías limpias y tarifas baratas.
Para las familias de Sinaloa, el costo de la energía eléctrica es uno de los conceptos de desembolso más significativo durante todo el año, pues por la predominancia de un clima cálido a muy cálido, los hogares requieren de consumos muy elevados de energía eléctrica pero por su alto costo tienen que restringir su consumo y sacrificar la calidad de vida.
En este encuentro del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, el gobernador Rocha planteó la propuesta de invertir recursos públicos por parte de los gobiernos locales en la construcción de centrales de generación de energía limpia sin fines de lucro, para que se suministre a precios más económicos a las familias y a los inversionistas.
De aprobarse lo anterior, Sinaloa al igual que otras entidades con potencial similar pueden convertirse en regiones más atractivas para la inversión impulsora del desarrollo, ya que la ventaja que se tiene con la inversión pública sin fines de lucro es que se pueden establecer tarifas que sólo permitan cubrir los costos de operación y depreciación del equipo, mientras que en la inversión privada las tarifas suelen encarecerse por la tasa de recuperación del capital invertido, su costo financiero y la rentabilidad deseada por los inversionistas.
