Los Gobiernos de EE UU y México negocian a marchas forzadas para evitar una guerra del maíz. La prohibición al grano transgénico decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la defensiva a los sectores agrícolas de ambos países, que temen aumentos drásticos en los costos de producción, y a la Casa Blanca, que ha amagado con llevar a México a consultas comerciales bajo el TMEC. Mientras López Obrador se abre a suavizar la prohibición para no afectar a las multimillonarias importaciones estadounidenses, organizaciones ambientalistas opuestas al uso de químicos en la agricultura piden al Gobierno que no ceda ante Washington.
México es el principal importador de maíz estadounidense. En 2021, le compró a EE UU 16,8 millones de toneladas, por un valor de 4.700 millones de dólares. En su gran mayoría, se trata de maíz amarillo destinado al forraje de animales y para cuyo cultivo se utilizan transgénicos. A diferencia del maíz blanco, que se destina al consumo humano y donde México es autosuficiente, el país latinoamericano depende de las importaciones para cubrir tres cuartas partes de sus necesidades de grano amarillo. Es un negocio pujante, que ha crecido un 86% en la última década, según datos del Departamento de Agricultura de EE UU, y que ahora puede verse amenazado por la prohibición.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó un decreto a finales de 2020 para proteger el maíz nativo y la salud de la población frente a los agroquímicos. La medida ordena revocar autorizaciones “para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos” hasta lograr su total sustitución de aquí a enero de 2024. La prohibición, aplaudida por organizaciones ambientalistas, ha despertado resquemores en el sector agrícola a ambos lados de la frontera.
En el centro de la polémica están las dudas sobre el alcance de la medida. El decreto de prohibición menciona el grano destinado para el consumo humano, lo que en apariencia excluye el tipo de maíz que se importa desde EE UU. En una reunión el lunes con el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, López Obrador aseguró que la prohibición no afectaba a las importaciones. “Se decía que no íbamos ya a permitir la importación de maíz amarillo para forraje. Entonces le aclaramos que sí, que ese no es el tema”. El mandatario dijo que enviaría una propuesta a EE UU para resolver el entuerto.
Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden aún desconfía de la vaguedad del decreto. En la reunión del lunes, Vilsack afirmó que “hubo algún progreso” en las conversaciones y que está a la espera de la propuesta mexicana. Al mismo tiempo, el secretario dejó caer que, de no alcanzarse una solución, EE UU se vería forzado a explorar “todas las opciones”. Eso incluye, dijo, acudir a los mecanismos contemplados en el TMEC para resolver disputas entre los socios comerciales ante una percibida violación del tratado.
Es un camino que ya eligió la Administración Biden en julio pasado para protestar contra la política energética nacionalista de López Obrador. El mecanismo puede desembocar en la instalación de un panel de arbitraje, que, de fallar en contra de México, tiene la opción de imponer aranceles a sus exportaciones. Una de las quejas estadounidenses es que la prohibición no cumple con el requisito establecido en el TMEC de que las regulaciones sanitarias estén basadas en “principios científicos relevantes”. Para aliviar las tensiones, está previsto que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, aborde el asunto del maíz durante su visita a Washington este jueves y viernes.
Greenpeace, una de las organizaciones que aplaudió la prohibición, llama al Gobierno mexicano a no ceder ante las presiones de EE UU. En opinión de la ONG, la medida debería aplicarse también al maíz amarillo, no solo al blanco. “Hay que reflexionar, qué es para ‘alimentación’ de los mexicanos y qué no. Si ese maíz amarillo se utiliza para el ganado y alimentos ultraprocesados, al final va a terminar en la alimentación de los mexicanos. Los transgénicos no se desvanecen, solo se transforman”, dice Viridiana Lázaro, coordinadora en la ONG.
Alerta en el sector agrícola
En un contexto ya marcado por la alta inflación, el Consejo Nacional Agropecuario, la mayor asociación del sector en México, ha alertado de la dificultad de sustituir el grano amarillo estadounidense a corto plazo. “Se ha estado utilizando el maíz transgénico y no ha habido ninguna afectación. La producción no transgénica en el mundo es mínima”, señaló la semana pasada durante un foro el presidente de la asociación, Juan Cortina. “No tendríamos suficiente materia prima para alimentar a los animales”, apuntó otro representante del sector.
Según un estudio de la consultora World Perspectives, financiado por las asociaciones agrícolas de ambos países, la prohibición provocaría un aumento del 48% en el precio del maíz no transgénico durante el primer año -se moderaría a un 19% al cabo de una década- y México tendría que pagar 571 millones de dólares adicionales por las importaciones en el primer año y hasta 9.730 durante un periodo de 10 años. El incremento del costo del forraje afectaría, a su vez, la producción del sector avícola y porcino, con caídas del 17% y 13%, respectivamente. El precio del pollo se dispararía un 67%.
La prohibición también supondría un duro golpe para los agricultores estadounidenses. El estudio estima pérdidas de 3.560 millones de dólares tan solo en el primer año y 5.560 en el segundo. Aunado a la posible destrucción de miles de empleos, el impacto ha causado alerta entre los representantes políticos de la región conocida como “cinturón del maíz”, en el centro oeste. En una carta a la Casa Blanca, dos influyentes senadores republicanos del Estado de Iowa, el principal productor de este grano, advirtieron hace dos semanas de “serias consecuencias económicas” para la región y solicitaron al presidente Joe Biden que active los mecanismos previstos en el TMEC.
Pese a los datos catastrofistas que esgrimen las patronales del sector, en Greenpeace señalan que la prohibición a la importación de maíz amarillo supondría una oportunidad para los agricultores estadounidenses. “Son capaces de producir maíz no genéticamente modificado a precios comparables. El decreto podría generar un mercado de maíz sin transgénicos”, dice Lázaro. En México, afirma, el Gobierno podría subsidiar la producción para compensar la falta de maíz estadounidense, aunque ese objetivo se ve poco probable a corto plazo dado el tamaño del boquete que dejarían las importaciones.
