Culiacán, Sinaloa.- Ante los desafíos que presentan el desarrollo social y el bienestar de la población desplazada de manera forzada e interna, las legisladoras de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado refrendaron su compromiso legislativo para apoyar las estrategias del Gobierno del Estado en materia de atención integral al Desplazamiento Forzado Interno (DFI).
La diputada Elizabeth Chia Galaviz, presidenta de esta Comisión, destacó que esa problemática ha sido atendida por el gobernador Rubén Rocha Moya desde el inicio de su administración, al precisar que el DFI es una realidad y los esfuerzos deben ir encaminados a regresar la seguridad, tranquilidad y bienestar a esas familias afectadas.
Lo anterior fue expresado en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local con la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable de gobierno estatal, María Inés Pérez Corral, para abordar la problemática del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Sinaloa.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Elizabeth Chia Galaviz, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Gloria Himelda Félix Niebla y Felicita Pompa Robles, presidenta, secretaria y vocales, respectivamente.
Según SEBIDES, con el apoyo de la UAS, son 3,046 las familias desplazadas, con asentamiento en las comunidades receptoras en los municipios de Choix, Guasave, Culiacán, Salvador Alvarado, Mazatlán y Concordia.
La diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto reconoció el trabajo de la actual administración al constituirse como el primer estado a nivel nacional con una comisión intersecretarial para atender el DFI y señaló la necesidad de actualizar el censo de manera permanente.
La diputada Felicita Pompa Robles aplaudió la disposición de mantener el padrón abierto para atender a las familias desplazadas poniendo énfasis en la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda para familias de jornaleros de temporal que se asientan en predios invadidos.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla expresó que el padrón se quedó corto pues no registra a todas las familias desplazadas porque muchas veces no acuden por miedo. “Sabemos que no es un problema de fácil solución pero hay que fortalecer esta política pública que está aplicando el estado”, comentó al enfatizar que el padrón debe mantenerse activo.
Las diputadas de la Comisión reconocieron que Sinaloa es ejemplo a nivel nacional en la atención del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y precisaron que el Poder Legislativo seguirá trabajando coordinadamente para disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales en Sinaloa, así como impulsar el progreso.
Como invitada a la reunión, la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, presidenta de la Comisión de Justicia, sostuvo que hay desplazados en asentamientos irregulares con incertidumbre porque, a pesar del tiempo transcurrido, no tienen sus títulos de propiedad.
También como invitado, el diputado Juan Carlos Patrón Rosales, presidente de la Comisión de Pesca, recordó la etapa de desplazamientos de 2010 y 2011, de comunidades de ambos márgenes del Río Presidio que se fueron a Mazatlán. “Esos pueblos desaparecieron”, recordó al lamentar que todavía sienten temor.
La titular de SEBIDES afirmó que el desplazamiento forzado interno en Sinaloa es un fenómeno de movilidad humana que se remonta a la década de los setenta derivada hasta hoy, entre otros factores, por la violencia y por grandes obras como la Presa Santa María. “Se han dotado a las familias afectadas de nuevas viviendas en Santa María, Mazatlán y Choix y se han creado asentamientos en las zonas norte, centro y sur”, explicó.
Detalló que se apoya a familias desplazadas con 2,372 lotes, de los cuales 1,232 han sido asignados y 1,140 están por asignarse, con 115 casas que ya han sido entregadas.
Apuntó que México carece aún de una plataforma legal e institucional necesaria para proteger y asistir el problema del desplazamiento interno.
“Solamente Sinaloa y Chiapas tienen un marco legal para atender el problema de desplazamiento forzado interno, aunque en cada estado es diferente”, dijo al destacar que gracias al Congreso del Estado, Sinaloa le destina un presupuesto de diez millones de pesos al DFI, cifra superior incluso a nivel nacional.
La secretaria estuvo acompañada por Francisco Antonio Castañeda Verduzco, Director General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE).
