Culiacán, Sinaloa. – La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el manejo de recursos financieros actúa dentro del marco normativo, apegada a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables y cada operación que realiza lo hace acorde a los ordenamientos legales, además desde el año 2000 las auditorías aplicadas a sus ejercicios fiscales han dado resultados positivos.
El Secretario de Administración y Finanzas, maestro Salvador Pérez Martínez, señaló que durante su desempeño como Contralor General de la UAS, las auditorías no han dado resultados negativos como para pensar en una conducta equivocada de un funcionario universitario.
Expuso que la UAS para recibir su presupuesto anual está sujeta a un Convenio denominado de Apoyo Financiero que especifica las aportaciones que recibe la institución tanto ordinarias como extraordinarias y el uso y aplicación de esos recursos son revisados cada año por la Federación, además la Casa Rosalina entrega cada fin de año a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Educación de la Cámara de Diputados el estado financiero auditado y lo hace por voluntad propia en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Indicó que casi el total del presupuesto anual la Universidad lo destina a servicios personales, es decir a pago del personal, tan solo la nómina de jubilados, que puntualmente reciben su pago al igual que los trabajadores activos, es de poco más de 2 mil millones de pesos al año y del resto del presupuesto se va a nómina un 98 por ciento de los recursos.
La Contadora General de la UAS, maestra Rebeca Carrasco Peña, señaló que “la institución está abierta al escrutinio público”, transparenta sus recursos públicos y en su página de transparencia tiene un aparatado que se llama armonización contable y en ella están publicadas todas las cuentas públicas.
Expuso que la UAS es una institución de control indirecto porque todo el recurso que recibe por subsidio tiene su origen en recurso federal, ya que también la aportación del estado viene de recurso federalizado, es de control indirecto y su cuenta pública se entrega cada año al Congreso de la Unión, Congreso del Estado y Gobierno estatal.
“Los ingresos propios, que al ser de control indirecto y que los ingresos propios de la UAS de acuerdo al Artículo 4 de la Ley de Auditoría del Estado de Sinaloa no se equiparan a recursos públicos, puesto que no son asignados por el Gobierno del Estado sino auto generados (…) el Artículo 4 establece que para que el recurso sea público tiene que ser asignado y provenir de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos”, señaló.
Precisó que el Articulo 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Mexicana dice que la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalizará los recursos locales, es decir, estatales, y los ingresos propios de la UAS no forman parte de esos recursos estatales mientras que el Artículo 43, fracción XXII de la Constitución política del estado de Sinaloa establece que los recursos que va a fiscalizar la ASE deben provenir del presupuesto de ingresos y egresos de Gobierno del Estado.
El Contralor General, maestro Manuel de Jesús Lara Salazar, especificó que la UAS es un organismo descentralizado de Gobierno del Estado de Sinaloa, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio (…) y su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma.
Por su parte la directora de Auditoría Interna, doctora Marifely Avendaño Corrales, compartió que durante una capacitación reciente con personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron muy enfáticos en decir que el único organismo para fiscalizar los recursos federales, son ellos, aclarando que el recurso que la UAS recibe del estado es federalizado sustentado esto en el artículo 79 de la Ley de Fiscalización.
Los funcionarios detallaron también el tema de los créditos fiscales, aclarándose que no hay desvío, “no se incumplió con Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” porque el monto que no se enteró al SAT por el ISR fue enterado al IMSSS y al Infonavit, fue aplicado en servicios personales; se enfatizó que los créditos fiscales de 2015, 2016 y 2019 ascienden a 766 millones, no a 4 mil 700 millones y se agradeció al Gobernador del Estado por atraer esos créditos que en este mes se termina de liquidar el de 2019, para empezar a pagar los otros dos.
