Gloria Trevi ha perdido una batalla contra las autoridades mexicanas.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial retiró las medidas cautelares que prohibían la circulación del libro “Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad”, escrito por Karla de la Cuesta, víctima del llamado Clan Trevi-Andrade y quien ahora es abogada y activista.
La propia Trevi había promovido la prohibición del material el mes pasado, por su derecho de imagen, y conseguido medidas provisionales en contra de la editorial Penguin Random House.
Ayer el IMPI (por sus siglas) consideró que dichas medidas eran una censura previa al material escrito por De la Cuesta, quien se basó en el expediente total del caso en donde se da cuenta de más de 40 adolescentes y jóvenes abusadas.
Esto significa que cualquier librería física o digital puede ponerlo a la venta, sin problemas legales.
“No se está ocasionando un daño para la sociedad en su conjunto, puesto que los derechos de libertad de expresión y de libertad de información mediante los cuales está sustentado la petición de levantamiento de medidas provisionales, son de mayor relevancia al resultar en beneficio de la Sociedad en General”, se lee en la resolución.
La misma aclara que la determinación no coarta a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, verdadero nombre de la regiomontana, de ejercer las acciones pertinentes para la protección de su derecho y la solicitud de que sean sancionados terceros, quienes deberán responder por las responsabilidades ulteriores en caso de acreditarse el uso no autorizado de su imagen.
Eduardo de la Parra, abogado de Penguin Random House, considera correcta la decisión del IMPI.
“(El IMPI) Está tomando en cuenta que tanto en el artículo séptimo de la Constitución, como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prohíbe la censura previa de libros, lo que significa que ninguna autoridad mexicana del IMPI puede prohibir que se saque un libro de circulación, sino en todo caso, si se viola algún derecho, debe haber lo que se llama una responsabilidad ulterior o posterior.
“Si en realidad se viola un derecho a la imagen o en cualquier otro derecho, eso debe ser materia de una decisión definitiva, pero nunca retirando los materiales, porque se afecta en este caso, y es lo que argumenta el IMPI, la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de las víctimas a conocer la verdad”, señaló a EL UNIVERSAL.
El equipo legal de Trevi tiene aún la posibilidad de solicitar un amparo en contra de la decisión del Instituto, ante un juez de distrito en materia administrativa.
“Un amparo de este tipo normalmente se resuelve entre seis y 10 meses”, comenta De la Parra., abogado especialista en Derechos de Autor y Libertad de Expresión.
El litigante es quien también ganó en el caso del Derecho a la Propia Imagen a favor de Ricardo Arjona en contra de Toyota.
También obtuvo el triunfo en la Ley General de Bibliotecas y la Mutilación de Obras de Cine en la Televisión. Recién logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la extinción del Fidecine, fideicomiso que por 20 años apoyó la producción de cine nacional.
