Gonzalo Armienta Hernández, doctor en Derecho Constitucional, consideró que antes de la Reforma Judicial que fue aprobada por el Congreso de la Unión, se requería una reforma integral a la Fiscalía General y los estados, así como al Código Nacional de Procedimientos penales para que los fiscales realmente sean autónomos y los procesos penales sean más ágiles.
De acuerdo con el académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los diputados y senadores se apresuraron a sacar la Reforma Judicial.
“Creo que era más importante en materia penal una reforma integral a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales porque son ellos los que muchas veces hacen mal los procedimientos, los que con pleno conocimiento de que están trastocando el derecho humano al debido proceso, lo hacen para que no tengan éxito las averiguaciones”, explicó.
Armienta Hernández consideró que en realidad ni la Fiscalía General de la República ni las Fiscalías Estatales son autónomas en los hechos porque a los titulares los designan los Congresos a propuesta de una terna que les envía ya sea el Presidente de la República o los gobernadores de los Estados.
“Se ve que no hay una plena autonomía entonces yo creo que lo primero debió haber sido la reforma a Fiscalía y sí al Poder Judicial porque evidentemente si hay jueces muy corruptos y la justicia es muy retardada, pero debe de ser un paquete aparte de estos 2 el paquete de reformas a los procedimientos para que no sean tan engorrosos y para que realmente haya un castigo que no resuelvan en el tiempo que debe de resolver con argucias”, apuntó.
El abogado constitucionalista indicó que seguramente con la Reforma Judicial habrá mejores y peores jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia porque como ciudadanos vamos a terminar votando por los que propongan los poderes.
Puntualizó que en la reforma judicial es importante que el Consejo de la Judicatura sea electo mediante el voto de la población y que en ello intervengan los órganos como las universidades porque son los que van a vigilar la buena actuación de los integrantes del Poder Judicial.
