Culiacán, Sinaloa.- El Gobernador Rubén Rocha Moya acompañado de autoridades civiles y militares encabezó el izamiento de bandera en conmemoración del 114 aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.
El acto cívico se llevó a cabo en la explanada de Palacio de Gobierno, contando con la presencia de Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno, Jesús Iván Chávez Rangel, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Porfirio Fuentes Vélez, Comandante de la Novena Zona Militar, el Comisario Jefe Jorge Enrique Martínez Medina, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, el Coronel F.A.P.AD.E.M.A Jesús Loyola Sánchez, representante de la Base Aérea Militar n° 10 en Sinaloa, así como, elementos de la policía, invitados especiales y elementos militares.
Posteriormente, se montó Guardia de Honor en los monumentos a Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, donde se leyó la semblanza de estos hombres de principios e ideales revolucionarios.
La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que comenzó en 1910 y se extendió hasta 1920. Este movimiento surgió como una insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien había gobernado México durante más de 30 años. La revolución fue impulsada por diversas causas económicas, sociales y políticas, incluyendo la desigualdad social, la concentración de tierras en manos de unos pocos y la falta de derechos laborales.
El conflicto involucró a múltiples facciones y líderes revolucionarios, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza, quienes lucharon tanto contra el régimen de Díaz como entre sí, lo que resultó en una serie de levantamientos y enfrentamientos armados a lo largo de la década.
Entre las consecuencias más significativas de la Revolución Mexicana se encuentra la promulgación de la Constitución de 1917, que incluyó importantes reformas sociales y laborales, como la inhabilitación de la reelección presidencial y la capacidad del Estado para expropiar tierras y recursos naturales.
