organizado con el cateo de casas y ranchos donde se resguardaban grupos de criminales que estuvieron asediando y diezmando a la población, al grado tal que cientos de pobladores tuvieron que emigrar a Guatemala atravesando la zona montañosa de la Sierra Mariscal. El resultado de la operación de los ahora llamados “Pakales” fue: aseguramiento de ocho personas de origen extranjero privadas de su libertad; tres presuntos integrantes de la delincuencia; 15 vehículos ligeros, cuatro vehículos pesados; cinco vehículos con blindaje artesanal llamados “monstruos” y varios semovientes.
El nuevo gobierno, que entró en funciones el 7 de diciembre, comenzó con diversos operativos para restablecer la seguridad y el estado de derecho, según lo han anunciado en las principales ciudades, con equipo y vehículos destinados para desarticular al crimen organizado que, durante el sexenio pasado a cargo de Rutilio Escandón, avanzó sin que el gobierno cumpliera su principal obligación de mantener el orden y la seguridad.
El actual gobernador, Eduardo Ramírez, y su fiscal General, José Luis Llaven Abarca, han declarado en una reciente rueda de prensa que “la fiesta se acabó” y que “los grupos delictivos no pudieron haber avanzado y avasallado si las fuerzas estatales no se lo hubieran permitido.”
En menos de un mes, en Chiapas se han decomisado arsenales de armamento, equipo táctico, drogas, bienes raíces y personas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado. Además, resulta sorprendente que también se hayan encontrado más de 30 cuerpos humanos en fosas clandestinas cercanas a la zona de Palenque, varios de esos cuerpos en estado de descomposición, por lo que se infiere que fueron asesinados hace varios años.
