La administración Trump presentó el jueves una moción para poner fin a una política fundamental que desde la década de 1990 ha ofrecido protecciones a los niños migrantes bajo custodia federal, un movimiento que probablemente será impugnado.
Las protecciones vigentes, conocidas como el Acuerdo Flores, limitan en gran medida a 72 horas el tiempo que los niños migrantes que viajan solos o con familia y son detenidos por la Patrulla Fronteriza. También aseguran que los niños se mantengan en condiciones seguras y sanitarias.
El presidente Donald Trump intentó poner fin a las protecciones durante su primer mandato y sus aliados han criticado durante mucho tiempo el acuerdo. La presentación judicial, presentada conjuntamente por la administración y los defensores, dice que el gobierno planea detallar sus argumentos más tarde el jueves y propone una audiencia el 18 de julio ante la jueza Dolly Gee.
El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda alegando maltrato generalizado de niños bajo custodia en la década de 1980 provocó una supervisión especial.
En agosto de 2019, la primera administración Trump pidió a un juez disolver el acuerdo. Su moción fue finalmente rechazada en diciembre de 2020 por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
Bajo la administración Biden, las protecciones de supervisión para los niños migrantes fueron levantadas para el Departamento de Salud y Servicios Humanos después de que se implementaron nuevas directrices el año pasado.
El Departamento de Seguridad Nacional todavía está obligado por el acuerdo, incluyendo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que detiene y procesa a los niños tras su llegada a Estados Unidos con o sin sus padres. Los niños luego son usualmente liberados con sus familias o enviados a un refugio operado por el departamento de salud, aunque los tiempos de procesamiento a menudo aumentan cuando el número de personas que ingresan incrementa en un corto período de tiempo.
Incluso con el acuerdo en vigor, ha habido casos en los que el gobierno federal no ha proporcionado condiciones adecuadas para los niños, como en un caso en Texas donde casi 300 niños tuvieron que ser trasladados de una instalación de la Patrulla Fronteriza tras informes de que estaban recibiendo alimentos, agua y saneamiento inadecuados.
Monitores designados por la corte proporcionan supervisión del acuerdo e informan sobre instalaciones inadecuadas a Gee. Se suponía que la agencia de fronteras reanudaría su propia supervisión, pero en enero un juez federal dictaminó que no estaba lista y extendió el uso de monitores designados por la corte por otros 18 meses.
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