El Departamento de Justicia anunció este viernes que no presentará cargos criminales en contra de los doce oficiales fronterizos involucrados en la muerte del mexicano Anastasio Hernández, argumentando que no se cuenta con evidencia suficiente.
“Tras una revisión completa y cuidadosa, un equipo de experimentados fiscales federales determinó que las pruebas son insuficientes para presentar cargos criminales”, señala un comunicado emitido hoy por la agencia federal.
El inmigrante murió en julio de 2010 tras recibir una brutal paliza y detonaciones eléctricas por parte de agentes federales en la zona de deportaciones entre San Diego (California) y Tijuana (México) en un hecho que quedó evidenciado en dos vídeos captados por testigos y que fueron difundidos en medios de comunicación a nivel internacional.
“Si bien la pérdida de vidas es lamentable, los argumentos en este asunto no apoyan un caso federal. En consecuencia, la investigación sobre este caso ha sido cerrada”, concluye el reporte del Departamento de Justicia.
El anuncio causó indignación entre los familiares de Anastasio Hernández Rojas, quienes habían esperado por cinco años para que el caso que fue dictaminado por la Oficina del Médico Forense como homicidio, fuera llevado a tribunales.
“¿Cómo podemos creer en el Gobierno si no fueron capaces de darnos justicia? Desde un inicio parecía que la investigación favorecía a los oficiales, ellos se salieron con la suya”, subrayó María Puga, viuda de Hernández, quien dijo no poder creer que los vídeos que muestran los hechos no fueran suficientes para las autoridades.
Bernardo Hernández, hermano del fallecido lamentó a su vez que los agentes involucrados en aquella trágica noche hayan quedado impunes.
“Si alguien golpea un perro, recibe cargos. Estos oficiales mataron a mi hermano pero no les va a pasar nada, esto no está bien, ¿dónde quedó la justicia?”, comentó.
La decisión provocó la inmediata respuesta del gobierno mexicano quien afirmó que “lamenta profundamente y expresa su más energético rechazo” a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó en un comunicado que el mexicano Anastasio Hernández Rojas falleció como resultado “del uso excesivo de la fuerza” el 28 de mayo de 2010 en las inmediaciones del Puerto de Entrada de San Ysidro, California.
Enfatizó que el mexicano recibió este trato “no obstante que la víctima se encontraba en el suelo, sometida y desarmada, y no representaba un peligro para los más de ocho agentes que se encontraban en el lugar”.
De acuerdo con la institución, “la determinación de las autoridades estadounidenses se contrapone al espíritu de colaboración impulsado por los Gobiernos federales de ambos países”.
“Asimismo, contraviene los esfuerzos de la red consular mexicana, que busca fomentar lazos de confianza entre la comunidad y sus autoridades policiacas y de procuración de justicia. La decisión genera la percepción de que las acciones indebidas de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley quedan impunes”, apuntó.
Finalmente, la SRE reiteró “el indeclinable compromiso del Estado mexicano de brindar protección y asistencia consular a sus nacionales”.
“En el caso del connacional Anastasio Hernández, por medio del consulado general en San Diego, se continuará dando seguimiento al desarrollo del proceso civil en curso, que también se sigue como consecuencia de estos hechos”, acotó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó de “aterrador” la determinación del Gobierno federal, que fue hecha en una época en que agencias fronterizas han manifestado su intención de ser más transparentes ante la ciudadanía.
“La decisión del Departamento de Justicia de permitir que los oficiales involucrados en este homicidio salgan libres es contraria a cualquier noción de justicia o rendición de cuentas y es un golpe devastador a comunidades fronterizas que continúan sufriendo los abusos generalizados a manos de agentes federales que no rinden cuentas”, comentó Mitra Ebadolahi, representante de ACLU en San Diego.
“Estamos buscando otros medios, otras posibilidades legales para poder darle seguimiento y eventualmente presentarle cargos a los agentes”, adelantó el activista a Efe.
Aunque la investigación criminal fue cerrada, la demanda civil en contra de los oficiales continúa activa en la Corte Federal del Distrito Sur de California.
“Esto no tiene impacto al caso civil, ese sigue caminando a su debido paso”, señaló Ríos.
Información: Univision
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