México.- El diario La Jornada exigió a los gobiernos sinaloense y federal actuar ya y esclarecer y sancionar sin dilaciones el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.
El comunicador, uno de los pilares del semanario Ríodoce y corresponsal del mencionado diario, fue ultimado de 12 disparos en el centro de Culiacán, Sinaloa, la tarde de este lunes.
En su editorial, La Jornada señaló como “imprecisa la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental”.
Más bien, señala, fue la realidad de Sinaloa “la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control de las autoridades constituidas. Y Javier hablaba de la realidad”.
Para esa casa editorial, Valdez retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, ese proceso de desintegración, aunque sabía que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores.
Y destaca la última obra del periodista, Narcoperiodismo, editada a finales del año pasado.
El periodista dijo a La Jornada: “No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos cerca el gobierno. De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narcotráfico, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar, pues quizá sea el que pasa informes al gobierno o a los delincuentes”.
El rotativo destaca el asesinato de si corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo, y “hasta ahora pese a las promesas gubernamentales de justicia, su crimen sigue impune”.
Subraya que en México han sido asesinados más de 120 informadores de 2000 a la fecha. “En la gran mayoría de los casos los responsables intelectuales y materiales ni siquiera han sido identificados, y mucho menos sometidos a juicio y sancionados conforme a derecho”.
Reprocha que “matar a un periodista, a una mujer, a un defensor de derechos humanos, a un ciudadano cualquiera, se ha vuelto una actividad de muy bajo riesgo porque, según toda evidencia, en las instancias de gobierno estatales y federales la determinación de hacer justicia es meramente declarativa”.
Considera que la responsabilidad última de “las muertes de Javier, de Miroslava y de todos los informadres caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una ‘guerra’ irresponsable y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policiaco en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia”.
Indica que “si las autoridades no ponen fin a esta violencia enloquecida, si no se emprende un viraje en las políticas de seguridad pública vigentes, en lo sustancial, desde el calderonato, y si este más reciente crimen no se esclarece conforme a derecho, se fortalecerá la percepción de que no hay autoridad alguna”.
Con información de Sdpnoticias
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