CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que implica, entre otras medidas, “revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos de generación y compraventa de energía eléctrica” signados entre el gobierno federal y particulares.
La iniciativa, recibida ya en San Lázaro y que será analizada y votada en las próximas sesiones camarales que inician este miércoles 3 de febrero, destaca en su exposición de motivos que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio “cobertura legal” a la llamada reforma energética a base de “sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población” que se tradujo “en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico”.
Ante ello, se explica en el documento firmado por López Obrador, la CFE “quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”.
De tal manera que, sostiene el Ejecutivo, la nueva política energética “demanda ajustes a la ley de la industria eléctrica” que entre otras medidas priorizará la energía producida por las hidroeléctricas, relega a un “segundo término” la generada en otras plantas de la CFE, al tercer lugar la energía eólica o solar de particulares y en cuarto término los ciclos combinados de empresas privadas.
La iniciativa presidencial, destaca como uno de sus propósitos “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación”.
Para ello anuncia, además del actual Contrato Legado de la CFE, el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad de la red, que permitirá con la operación simultánea de ambos contratos financieros, “la eliminación de erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes y a recursos económicos de la Nación”, garantizando, dice el ejecutivo, “la estabilidad en la tarifa de electricidad”.
Sostiene que con las modificaciones propuestas a la Ley de Energía Eléctrica “se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE”.
El documento oficial propone también prever la obligación de que los permisos a que se refiere la ley “se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía”.
Determina que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias “no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas”.
Elimina la obligatoriedad de “comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos” y obliga a la Comisión Reguladora de Energía “a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.
Destaca también que se revisará “la legalidad y rentabilidad para el gobierno federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La iniciativa preferente enviada al legislativo por López Obrador propone reformas a los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 y cuatro transitorios.
