Ciudad de México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo (Morena), aprobó en sus términos ocho opiniones a igual número de iniciativas para expedir leyes relativas a gobierno de coalición, efectos causados por la pandemia de Covid 19, y Cultura de la Paz y Reconciliación, entre otras.
La primera opinión fue avalada con 44 votos a favor, y es a la iniciativa que expide la Ley de Gobierno de Coalición, promovida por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI). La Comisión estima que la aprobación de esta propuesta “no generaría un impacto presupuestario para el erario federal, debido a que sólo precisa la reglamentación”.
La opinión se remitió a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Gobernación y Población para dictamen.
Con 29 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, se aprobó la opinión a la iniciativa que expide la Ley Federal de Atención de los Efectos Causados por la Pandemia de Covid 19, presentada por la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN).
Considera que dicha expedición “sí generaría impacto presupuestario; sin embargo, no se cuenta con los elementos necesarios para su cuantificación”.
Se envió a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La tercera opinión a la iniciativa que expide la Ley General para la Cultura de la Paz y Reconciliación, presentada por la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), se avaló con 44 votos.
La Comisión planteó que “sí podría generar un impacto presupuestario, que dependerá de la implementación de la misma y la participación de los tres niveles de gobierno”. Se remitió a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
Asimismo, se aprobó con 32 votos en pro y 15 en contra la cuarta opinión relativa a la iniciativa para expedir la Ley Federal para la Regulación del Cáñamo Industrial, impulsada por la diputada María Clemente García Moreno (Morena).
La opinión refiere que la aprobación de esa propuesta incluye algunas funciones para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; sin embargo, estas dependencias cuentan con la estructura para llevar a cabo dichas acciones, por lo que no generaría un impacto presupuestario a la Federación, ya que se trata de un ordenamiento meramente normativo.
El documento se remitió a las comisiones unidas de Salud; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Zonas Metropolitanas, para dictamen.
La quinta opinión, a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de presupuesto con enfoque de derechos humanos, impulsada por el diputado del PAN, Román Cifuentes Negrete, se avaló con 28 votos a favor y 21 en contra.
Menciona que “no generaría un impacto presupuestario al erario federal en cuanto a las propuestas de carácter normativo; no obstante, sí podrían motivar reasignaciones presupuestales o bien un efecto en la composición de los beneficiarios de los programas sociales en favor de los derechos humanos”.
Sobre la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para realizar las fiscalizaciones de manera permanente, se podría requerir de recursos adicionales al erario federal; sin embargo, no es posible determinar la magnitud de éstos, añade el documento.
Al respecto, detalla que el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la creación de unidades administrativas o plazas adicionales, programas nuevos, destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones, generan un impacto presupuestario para la administración pública federal.
Para dictamen, el documento se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se avaló con 26 votos a favor y 20 en contra, la sexta opinión a la iniciativa promovida por diputadas y diputados del grupo parlamentario del PAN, a fin de reformar diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y expedir la Ley del Instituto Nacional para la Vigilancia y Evaluación de las Políticas Públicas.
La Comisión precisa que la propuesta “tendría un impacto presupuestario que asciende a 107 mil 692.29 pesos en el presente año, derivado de la expedición de las convocatorias. Se remitió para dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Bienestar y de Gobernación y Población.
Con 27 votos a favor y 21 en contra, se aprobó la opinión respecto a la iniciativa para expedir la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada del PRD, Gabriela Sodi Miranda.
El documento plantea que la aprobación de la iniciativa “tendría un impacto presupuestario que asciende a 107 mil 692.29 pesos en 2022, derivado de la expedición de las convocatorias”. Se envió para dictamen a la Comisión de Bienestar.
Para concluir, las y los integrantes de la Comisión avalaron con 44 votos a favor la octava opinión a la iniciativa que expide la Ley General de Pensiones Públicas, promovida por el diputado de Morena, Marco Antonio Medina Pérez. Señala que tendría un impacto presupuestario de 107 mil 692.29 pesos, derivado de la expedición de las convocatorias. Se remitió a la Comisión de Bienestar para dictamen.
La Comisión subraya que las ocho opiniones se formulan únicamente en lo correspondiente a la materia de su competencia.
