Ciudad de México.-La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y evitar delitos como las extorsiones a la población.
El documento establece la obligación de que las autoridades responsables de los equipos para bloquear este servicio en las cárceles y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, presenten informes semestrales sobre su operación.
El reporte deberán entregarlo a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la cual está integrada por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el Distrito Federal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), durante el año 2012 se cometieron cinco millones 994 mil 34 extorsiones.
La iniciativa adiciona un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue presentada el pasado 30 de abril por el diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), se aprobó por unanimidad, con 408 votos a favor, y se turna al Senado para su análisis.
El legislador señaló que muchos reos continúan delinquiendo desde la prisión, principalmente a través de la extorsión telefónica, aprovechando el adelanto tecnológico, lo que se ha podido efectuar ante la complicidad de algunos servidores públicos de los centros de reinserción social.
Con la reforma aprobada se pretende garantizar el bloqueo de las señales para el uso de teléfono celular, como figura en las modificaciones aprobadas en abril de 2012 a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Esta medida tiene el propósito de contener y evitar la extorsión telefónica o que los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que se encuentran fuera de la prisión, sostuvo el diputado que propuso la iniciativa.
La reforma aprobada determina:
“Las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la conferencia, semestralmente, un informe sobre la operación de los equipos, en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“En caso de incumplir con esta obligación, la conferencia dará vista a la autoridad competente, según sea el caso”.
Fuente: milenio
