CIUDAD DE MEXICO,- Los desplazados por la espiral de sangre y muerte que mantiene asolada a México desde hace más de una década, cuando fue lanzada la guerra contra el crimen, aumentan en forma acelerada, hasta sumar más de 311.000.
El cálculo, que corresponde hasta 2016, fue hecho por Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), durante un foro internacional sobre el tema celebrado en la capital mexicana.
La estimación se basa en relevamientos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), que analiza los desplazamientos por conflicto, violencia y desastres naturales.
Sólo el año pasado, se estima que otras 23.000 personas tuvieron que huir de sus hogares por la violencia, a los que se suman otros 12.000 desplazados por desastres ambientales como inundaciones, huracanes y sequías.
Según la IDMC, en 2014 en México había 281.418 personas desplazadas, lo que sugiere que se agregaron otras 30.000 personas en los siguientes dos años.
México ocupa, según esta entidad, el número 26 de los países con mayor número de desplazados, por encima de países como Palestina y Guatemala.
Rubio afirmó que México carece de parámetros para entender la dimensión exacta del fenómeno, pues el cálculo del IDMC podría inclusive ser conservador.
El argumento es que estados considerados en el pasado seguros como Colima, Tlaxcala y Guanajuato, hoy registran altos niveles de violencia acompañados de desplazamientos, por lo cual pueden haber casos que no son registrados.
Este fenómeno, a diferencia de lo que ocurre con los homicidios, es silencioso, ocurre en medio de la oscuridad, sin que nadie lo note y pocas veces es reportado por la prensa, a menos de que se trate de un desplazamiento de gran envergadura como sucede con los casos de Siria o a veces de Venezuela.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó la falta de reconocimiento del problema y urgió a “elaborar un registro” con estadísticas oficiales y “un diagnóstico” para determinar “la magnitud del problema” que permita diseñar “políticas públicas adecuadas”.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que la CNDH, en colaboración con la ONU, estimó que el anteproyecto de ley busca avanzar en el reconocimiento del problema y la protección de los derechos humanos de las víctimas.
Durante el foro se dio a conocer que se presento un pedido formal al gobierno para que Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado, realice una visita oficial al país.
El fenómeno cobra más vigencia que nunca porque sólo en este año se han registrado tres focos notorios de desplazamiento en el país.
En el estado de Oaxaca, sureste del país, entre 600 y 800 personas abandonaron sus hogares en la localidad de San Juan Juquila Mixes, debido a la violencia.
En el sureño de Guerrero 500 familias debieron huir de Chilapa, asolado por la pugna entre bandas criminales como Los Rojos y Los Ardillos.
En Sinaloa, otras 300 familias salieron de La Concordia, en el marco de la disputas que han surgido tras la extradición en enero pasado del jefe del cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, que desató una “guerra de facciones” en la propia familia del jefe criminal que se disputan el control de la organización. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, urgió desde hace unos meses a legislar en materia de desplazamiento forzado.
La CNDH estima que el fenómeno de desplazamiento afecta a por lo menos 27 estados del país a causa principalmente de la violencia provocada por el crimen organizado.
Información: ANSA
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