Un elemento del ejército mexicano está asegurado por su probable participación en el crimen contra tres mujeres cuyos cadáveres fueron abandonados en la vía pública dentro de una camioneta al sur de Tijuana.
El vehículo, mal estacionado, con vidrios polarizados y el sistema de encendido dañado, estaba a unos cinco kilómetros de distancia del 28vo Batallón de Infantería.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el sospechoso fue detenido por la Policía Municipal en una camioneta Honda Pilot que utilizaron para huir los dos hombres que abandonaron los restos.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el detenido se identificó como elemento de las Fuerzas Armadas con grado de teniente y bajo permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Estamos investigando si efectivamente se encontraba activo, presentó una identificación que le daba ese rango. Al parecer pertenece o perteneció a las fuerzas armadas, estamos viendo el estatus que guarda su situación laboral”, dijo en conferencia de prensa.
Miguel Gaxiola Rodríguez, fiscal especializado en delitos contra la vida, detalló que la camioneta fue identificada y posteriormente localizada gracias a cámaras de videovigilancia.
La identidad de las tres mujeres todavía no está confirmada por las autoridades, pero saben que tenían entre 25 y 30 años de edad y según los primeros indicios murieron asfixiadas.
Esa causa de muerte no es común en víctimas del crimen organizado, entre quienes los investigadores observan mayormente el uso de armas de fuego.
Junto a los cadáveres en la camioneta Tahoe con placas de California, Estados Unidos, servicios periciales encontró un mensaje alusivo al crimen organizado, pero en la Fiscalía de Baja Californiana creen que se trata de un elemento de distracción.
La FGE no tiene aún todos los elementos para relacionar al militar con el triple crimen, pero ya dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de un funcionario federal y porque al ser asegurado portaba droga y un arma de fuego.
Esa arma, de acuerdo con el fiscal de delitos contra la vida, no es el arma de cargo del militar.
La FGE dijo que de confirmar el estatus laboral del asegurado también deberá dar vista a la justicia castrense, mientras que de los dos hombres que abandonaron los cuerpos no ha dado mayor información para conocer si se trata de civiles o elementos del ejército.
Información La Silla Rota
