La elección judicial no ha logrado apartarse de la polémica. El Instituto Nacional Electoral (INE), ha cerrado este lunes la pinza que le faltaba para dar por concluidos los trabajos de los inéditos comicios con los que eligió en las urnas al primer puñado de jueces, magistrados y ministros. La fiscalización de los ingresos y gastos de campañas de los más de 7.000 candidatos que se disputaron 2.681 cargos de impartición de justicia a nivel federal y local el 1 de junio, han derivado en multas por más de 18 millones de pesos. En el informe se han incluido sanciones relacionadas con los llamados acordeones, las listas impresas y digitales que se distribuyeron y difundieron de manera masiva por todo el país para dirigir el voto de los ciudadanos. Con todo eso, se han repartido sanciones a 177 candidaturas que aparecieron en los acordeones y resultaron ganadoras.
Los montos previstos inicialmente por el organismo electoral para sancionar a los candidatos que se beneficiaron de los listados impresos, establecían el 10% de los topes de campaña dependiendo del cargo, pero al final fueron rebajados. Un ejemplo es la multa total para los nueve ministros que formarán la próxima Corte. La propuesta original planteaba multas individuales por 149.000 pesos, al final el monto total no ha rebasado los 566.000 pesos, en el caso de las sanciones por los acordeones, en total un millón de pesos con la suma de otras fallas e irregularidades detectadas a la hora de fiscalizar el gasto de los aspirantes a ministros. En lo individual, las sanciones varían entre cada candidato dependiendo de su capacidad económica. Lo mismo ocurre para jueces y magistrados. En el caso de los nueve cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra con el monto más alto de sanción es Loretta Ortiz, con 127.000 pesos, y el menor, Irving Espinoza, con 39.599. Con la evidencia que reunió la autoridad electoral, las investigaciones no han logrado, hasta ahora, llevar al origen de los volantes clasificados como propaganda ilegal.
Las multas aún deberán ser ajustadas por la unidad de fiscalización del INE. De manera preliminar, a nivel federal, la suma de multas por 8.049 irregularidades y fallas en los ingresos y gastos de campaña de los candidatos, incluidas las multas por los acordeones, alcanzan los 10.364 millones de pesos. A nivel local, en los 19 Estados donde hubo elección judicial, el organismo electoral identificó 9.547 faltas que han ameritado multas por un total de 7.975 millones.
La continuación de las pesquisas para llegar a las personas que encabezaron la llamada operación acordeón ha sido avalada por la mayoría de ocho consejeros que han considerado que les ha faltado tiempo y exhaustividad en la investigación. Con ello se iniciarán procedimientos en la Unidad Técnica de Fiscalización para seguir la ruta de los acordeones hasta llegar a su origen.
En el debate, el pleno del INE se ha mostrado nuevamente dividido en sus criterios. Una discusión de más de cuatro horas ha resultado en seis votos a favor, del bloque más crítico del INE, que ha avalado la imposición de multas, aunque descafeinadas, en detrimento de los aspirantes que aparecieron en los acordeones y ganaron la elección. En medio de la discusión, los consejeros han lanzado una bola de cuestionamientos sobre quiénes pueden tener el poder económico para lograr una estrategia con el alcance que tuvo el reparto de las guías impresas y en el caso de los formatos digitales, su difusión. “La respuesta es ineludible, solo maquinarias con poder político o coactivo, con abundantes recursos económicos y medios para condicionar la conducta de muchos ciudadanos, pudieron desplegar esa operación masiva para inducir el voto. Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales“, deslizó el consejero Jaime Rivera.
El otro frente de consejeros ha rechazado las multas a los candidatos. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha descalificado las sanciones por el uso de acordeones, la consejera ha considerado falta de sustento jurídico. “No fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos, tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda”, zanjó.
El grueso de consejeros ha coincidido en la exigencia para que el Legislativo corrija los vacíos en la legislación para que este tipo de “trampas” no se repitan en los comicios de 2027, donde se elegirá la segunda tanda de juzgadores en México. “Hago un llamado a los legisladores del país para que modifiquen las leyes en la materia con el fin de otorgar a este Instituto mayores herramientas para investigar, sancionar y erradicar este tipo de conductas que solo dañan a las instituciones”, lanzó Carla Humphrey, consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE.
Con informacion de EL PAIS
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