Estados Unidos busca asfixiar la red de apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y este jueves ha dado un paso más en su intento de debilitar el entramado de la organización criminal más poderosa de México.
El Departamento del Tesoro ha incluido en su lista de sancionados a un jefe policial de Jalisco, el Estado donde el grupo de narcotraficantes tiene su base de operaciones, y a cinco miembros de su estructura.
La DEA atribuye al CJNG, principal rival del cartel de Sinaloa, e, tráfico de una “proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan en Estados Unidos”.
El país vecino contabilizó entre octubre de 2020 y octubre de 2021 unas 105.000 muertes por sobredosis, de las que más del 70% de debieron al consumo de este opioide sintético.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Gobierno de México y con la la agencia antidrogas estadounidense, ha bloqueado los activos de un nuevo grupo de implicados en las actividades del cartel.
El crecimiento de la organización tiene dos explicaciones, según el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson: la violencia y la corrupción.
“Estas dos fuerzas han impulsado la expansión territorial del cartel y con ello le han brindado una mayor capacidad para traficar drogas letales a Estados Unidos. Mientras tanto, las redes de apoyo ayudan a los líderes fugados del CJNG a permanecer escondidos y evadir la justicia”, ha manifestado a través de un comunicado.
Uno de los sancionados pertenece a esa trama corrupta de servidores públicos que allana el camino a los grupos criminales. Se trata del jefe de la policía de Ameca, un municipio de casi 40.000 habitantes cabecera de la región Valles, ubicada entre Guadalajara y la costa.
Severo Flores Mendoza es además coordinador de los responsables policiales de 14 localidades. Ha ocupado otros cargos en las fuerzas de seguridad pública de Jalisco y continuó con su carrera pese a reprobar el examen de control de confianza en 2014.
Es, en definitiva, un agente corrupto acusado de “proporcionar información policial al CJNG a cambio de sobornos”, según Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro ha sancionado también a Julio César Montero Pinzón, miembro de una célula del cartel que opera en Puerto Vallarta dedicada a “orquesta asesinatos de rivales y políticos”. Montero Pinzón es socio, además, de otros dos criminales: Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como La Firma, y Francisco Javier Gudino Haro, La Gallina, ya en la mira de la Administración estadounidense. La zona costera de Vallarta es considerada por las autoridades “un bastión estratégico del CJNG, no solo para el sino también para el lavado de dinero y la extorsión”.
Precisamente allí falleció, en medio de un enfrentamiento con militares a finales de abril, Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias El Chopa. Este capo de la organización estaba vinculado, según la investigación, al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en 2020.
También encabezó una red de apoyo a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, máximo líder del cartel, por cuya captura Washington ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.
En esa red figuran la madre de Rincón Godoy (Esther Godoy Arellano), dos hermanos (Angelberto y Julio Efraín) y un cuñado (Moisés González Anguiano), recientemente detenido en México y calificado por las autoridades federales como “generador de violencia”.
La Administración de Joe Biden ha dado en los últimos meses muestras de preocupación por la crisis de seguridad en México, profundizada por una nueva guerra entre grupos de narcotraficantes por el control de las rutas hacia Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano sigue fiel a la filosofía del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha adoptado una estrategia que busca reducir los grandes operativos apostando, en cambio, por el desarrollo del territorio.
Al margen del lema “abrazos, no balazos”, esa premisa está detrás también del nuevo acuerdo bilateral de seguridad, bautizado como Entendimiento Bicentenario. El plan, que sustituye la Iniciativa Mérida, tiene el propósito de apoyar a las comunidades más afectadas por el narco con programas sociales para ofrecer alternativas al crimen organizado.
Es decir, si su objetivo es ambicioso, sus efectos se percibirán, en el mejor de los casos, a largo plazo.
Mientras tanto, los dos países siguen colaborando para golpear las finanzas del CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha señalado el Departamento del Tesoro en un comunicado, también ha incluido en su lista de sospechosos varias empresas y personas vinculadas al CJNG y su aliado cercano, la organización de narcotraficantes de Los Cuinis, por lavado de activos.
“Las actividades ya sancionadas en México incluyen plazas comerciales, empresas de bienes raíces, sociedades agrícolas, una productora musical y un hotel boutique de lujo”.
Con Información de EL PAÍS México
