Desde que en 2007 se anunció la Iniciativa Mérida, que entró en vigor un año después, el gobierno de Estados Unidos advirtió que un elemento clave para su éxito era tener funcionarios e instituciones “confiables” en México, a fin de poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado con eficacia.
Así lo reiteran documentos que publicó hoy el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), una institución no gubernamental fundada por periodistas en Estados Unidos y con sede en la Universidad de Washington.
Sin embargo, dos de esos funcionarios que eran considerados clave, resalta, enfrentan juicio en suelo estadounidense por corrupción ligada al narcotráfico.
En un reporte titulado: “Acusaciones en Estados Unidos ponen el foco en la corrupción en México”, el NSA presenta una serie de documentos diplomáticos obtenidos gracias al Acta de Libertad de Información, que revelan cuánto ha dependido Estados Unidos de algunos funcionarios para implementar la Iniciativa Mérida y cómo éstos “parecen no sólo haber acumulado millones de dólares en sobornos, sino también filtrado información muy sensible de inteligencia a los mismos cárteles de la droga que se supone debían combatir”.
Los documentos detallan, indica el NSA, el fracaso de Estados Unidos en construir “instituciones confiables” en México.
Desde el primer cable diplomático, fechado en 1995, se habla de la necesidad de crear una “unidad especial conjunta” para ayudar a verificar la corrupción en los círculos políticos, judiciales y policiales en México. Dicha unidad, detalla el cable, estaría compuesto por funcionarios de inteligencia y procuración de Justicia de Estados Unidos, así como por miembros de la Procuraduría General de la República en México.
Otro cable de la Embajada de Estados Unidos en México, fechado en mayo de 2010, resaltaba que el éxito de la Iniciativa Mérida dependía en gran medida de la capacidad de crear “instituciones confiables” en México, de vigilar actores corruptos y garantizar que la información más delicada o las herramientas de procuración de justicia entregadas por Estados Unidos no cayeran en las manos equivocadas, dice el reporte del NSA.
“Si el equipo y entrenamiento son proporcionados a individuos corruptos, el [gobierno de Estados Unidos] no habrá logrado algo más que proveer experiencia y tecnología a individuos que podrían usarla para socavar todos los esfuerzos [del gobierno de Estados Unidos] en México. El punto es que si el Control de Confianza –un mecanismo enfocado justo en garantizar la transparencia y fiabilidad de quienes estaban involucrados en la Iniciativa- falla, Mérida fracasa”.
El NSA resalta que, una década más tarde, dos funcionarios que eran considerados clave para el éxito de la iniciativa, el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido hace justamente un año en Dallas Texas, e Iván Reyes Arzate, quien fuera el líder de la Unidad de Investigación Sensible (UIS), están a la espera de juicio en Estados Unidos, acusados de haber aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de proteger a cárteles de la droga.
Sin embargo, advierte el NSA, Estados Unidos ha dependido en gran medida de este tipo de funcionarios “para asignar miles de millones de dólares en asistencia para seguridad; para manejar un flujo constante de información de procuración de justicia e inteligencia sensible, y para implementar programas para erradicar a funcionarios corruptos”. En uno de los cables, fechado en 2006, García Luna, por ejemplo, es descrito como “un intermediario, socio y amigo confiable del FBI”. En otro cable se menciona que, bajo la dirección del mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública se estaba “convirtiendo en un jugador cada vez más importante en el bloque de inteligencia”. También se alababan los esfuerzos de García Luna por centralizar, en la llamada Plataforma México, el control de las fuerzas de seguridad mexicanas.
De Reyes Arzate, recuerda que encabezó la UIS cuando miembros de esta unidad entregaron información sensible a los Zetas, desatando, entre otras cosas, la masacre de 2011 en Allende, Coahuila, como informó en su momento ProPublica.
El NSA recuerda también el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el exsecretario mexicano de Defensa que recientemente entregó Estados Unidos a México, “a pesar de contar con evidencia abrumadora de sus lazos con narcotraficantes”. Esa liberación, añade el Archivo de Seguridad, “ha desatado las alarmas entre los grupos que buscan justicia en casos de abusos de derechos humanos que, dicen, llevan años languideciendo en cortes mexicanas sin el poder suficiente”. Habla, por ejemplo, de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, quienes temen que la liberación de Cienfuegos genere más resistencia entre el ejército a realizar investigaciones. El propio Cienfuegos, explica el NSA, “negó a los investigadores la posibilidad de entrevistar a miembros del ejército sobre el caso”.
Los arrestos de funcionarios como García Luna, o Reyes Arzate, “representan un duro golpe para el legado de un programa que se ha vuelto la piedra angular de la política de Estados Unidos hacia México desde 2007 y generan dudas serias sobre el compromiso de México para combatir la corrupción y la impunidad relacionada con el narcotráfico, un componente clave de la política estadounidense hacia México por más de dos décadas”.
El NSA menciona finalmente la propuesta de la administración de Andrés Manuel López Obrador que ha generado preocupación en Estados Unidos para quitar a los agentes estadounidenses en México la inmunidad diplomática que hoy tienen y obligarlos a compartir cualquier tipo de información de inteligencia en su poder con el gobierno mexicano.
