México.- Sin la presencia de un abogado, agentes del FBI y la DEA interrogaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República a los 14 policías federales que dispararon contra el automóvil en que viajaban dos agentes de la CIA y un elemento de la Secretaría de Marina el 24 de agosto de 2012 en el kilómetro 50+500 de la carretera federal México-Cuernavaca.
“… nos interrogaron en las instalaciones de la PGR (en Morelos), sin estar presente un abogado defensor o persona de confianza y estando en la casa de arraigo nos trasladaron dos ocasiones a las instalaciones de la PGR ubicadas en las calles de Monterrey y Colima, en la Ciudad de México, donde el personal estadunidense nos tomó huellas y fotografías…”
MILENIO tiene copia de una carta enviada por el subinspector José Uriel Garrido Franco y el suboficial Francisco Humberto Segovia Domínguez, quienes en representación de sus compañeros presos denunciaron las presuntas irregularidades que cometió la PGR en este caso durante el pasado sexenio.
La carta fue redactada en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, antes de cumplirse cinco años de ocurrido el incidente. En el mensaje se menciona:
“…ha sido difícil para nosotros y nuestras familias… sin todavía ver el final de la situación, pareciendo que fue una consigna tenernos encerrados, privados de nuestra libertad para darle resultados a Estados Unidos, aun sabiendo que obran en el expediente muchas cosas a nuestro favor”. Afirmaron que el incidente fue resultado de una “confusión”.
Los agentes de la Policía Federal aseguraron que existen documentos para confirmar que en todo momento se encontraban trabajando; lo anterior, agregaron, consta en listas de entrada y bitácoras de servicio.
“…en todo momento, los mandos superiores tenían conocimiento del operativo realizado derivado del secuestro exprés del maestro Salvador Vidal Flores Pérez, del Instituto (Nacional de) Antropología (e Historia), iniciando así la búsqueda y localización de los secuestradores en el poblado de Fierro del Toro”, en Huitzilac, Morelos.
LAS ANOMALÍAS
Los agentes estadunidenses Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner nunca rindieron declaración, solo el mexicano Fabián Molino Yera, capitán de fragata de la Marina, quien conducía el vehículo con placas diplomáticas.
En la carta, los federales se preguntaron por qué a los afectados no se les investigó; también cuestionaron qué hacían las víctimas del ataque el 24 de agosto de 2012 en ese tramo de la carretera desolado.
Los quejosos, quienes exigen su libertad, recordaron que el vehículo con placas diplomáticas BCM-242 expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores jamás fue puesto a disposición del gobierno de México para su investigación, sino que fue entregado a EU, “dejándonos en estado de indefensión”.
“Al inicio de este proceso (penal), en 2012, a nivel nacional la (entonces) comisionada de la Policía Federal (Maribel Cervantes Guerrero) y la Secretaría de Marina-Armada de México mencionaron que todo lo sucedido en el lugar de los hechos había sido una confusión”, enfatizaron.
El pasado 6 de septiembre, en entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la Razón, en MILENIO Televisión, Salvador Vidal Flores dijo que desde se suscitó la confusión no ha podido agradecer a los agentes la ayuda que recibió.
“Estoy verdaderamente indignado de que estos hombres, que tenían la mística del servidor público y de los que se entregan a su trabajo, siguen presos”, sin saber por qué razón, señaló.
DESESPERADOS
Los uniformados presos también manifestaron en la carta estar desesperados porque el asunto no se resuelve: “… no es justo seguir aguantando esta situación, ya que éramos el sustento de nuestras familias y desde que se inició este calvario no recibimos nada de nuestro sueldo…”, señaló José Uriel Garrido.
“… y en lo que es mi caso (suboficial Francisco Segovia), cuando ocurrieron los hechos uno de mis hijos estudiaba la secundaria y tenía una beca por parte de la Policía Federal y al ocurrir lo mencionado de nuestra situación le cancelaron la beca y a nuestras familias les quitaron el servicio médico”, apuntó.
El resto de los agentes que siguen en espera de recibir sentencia o de que la PGR se desista son: el ex subinspector Jorge Alberto Vargas Camacho; Emir Sánchez García, Ranulfo Ruelas López, Carlos Sánchez Durán, Héctor Francisco Martínez Leyva y Ángel Mauricio Sotelo Martínez.
Igualmente, Gerardo Ramírez Garduño, Rafael Rivera Córdova, Tomás Romanillo Armenta, José Cruz Ortega, Raúl Sánchez Fonseca e Ivonne Moreno Romero.
El 19 de noviembre de 2012, la entonces comisionada Maribel Cervantes aseveró que la corporación policiaca “no mintió” en el caso Tres Marías, porque la presencia de los agentes en la zona se debió a un secuestro y el ataque a la camioneta diplomática derivó de un “disparo al aire” proveniente del vehículo diplomático.
Durante una entrevista con MILENIO, comentó estar “sorprendida” por la versión de la PGR. Subrayó que sus agentes no respetaron los protocolos de actuación e incurrieron en una “tremenda irresponsabilidad”.
No obstante, nunca tuvieron la intención de matar a nadie, ya que al darse cuenta de su error dejaron de disparar, auxiliaron a las víctimas y las trasladaron al hospital.
Información: Milenio
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