Culiacán, Sinaloa.- En su comparecencia conjunta ante los diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, los secretarios de Desarrollo Social, y de Seguridad Pública, Rosa Elena Millán Bueno, y Genaro Robles Casillas, respectivamente, informaron sobre las acciones que la autoridad lleva a cabo para atender el fenómeno de las familias desplazadas.
Primeramente, el secretario Genaro Robles Casillas explicó que el censo hecho por las bases policiacas en la región sur, arroja que un total de 755 familias han sido desplazadas en los municipios de Concordia, Rosario y San Ignacio, de las cuales, 410 ya regresaron a sus lugares de origen, un 54 por ciento, en su mayoría de estos dos últimos municipios, donde han disminuido los índices delictivos, pero reconoció que en Concordia todavía existe un clima de inseguridad, propiciado por la pugna entre grupos delincuenciales, cuyos líderes ya están identificados con nombres y alias, aunque se mantienen prófugos.
El general retirado encargado de la seguridad en Sinaloa informó que debido a ese “foco rojo” que representa Concordia, se instalaron bases permanentes de la Policía Estatal en las comunidades de La Guayanera y La Petaca, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano para los patrullajes terrestres y mediante la colaboración de la Procuraduría General de la República en los sobrevuelos con helicópteros facilitados por esa dependencia federal.
El secretario de Seguridad Pública precisó que este fenómeno afecta a la zona serrana y municipios en colindancia con los estados de Durango y Nayarit, donde los factores que originan los desplazamientos son en primer lugar la violencia generada por la delincuencia organizada, y también el robo de maquinaria de las empresas mineras y extorsiones, que han orillado a algunas de estas compañías a cerrar operaciones, dejando sin fuente de ingresos a los trabajadores, específicamente en el caso de Pánuco.
Explicó que en el municipio de Concordia, las comunidades más afectadas con la migración forzada son Santa Lucía, La Petaca, La Capilla del Taxte, pues se han registrado homicidios múltiples que atemorizan a sus habitantes.
En Rosario informó que se ha registrado el desplazamiento de 29 personas de las comunidades de La Rastra y El Llano de la Palma, lugares donde se han registrado enfrentamientos con una célula criminal que se desplazada en esa zona. Por lo que toca a San Ignacio, se ha registrado el desplazamiento de 208 personas, de Ajoya, El Sauz de Ajoya, y Santa Apolonia.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Elena Millán Bueno, señaló que Sinaloa está dentro de los cuatro estados con mayor número de familias desplazadas, pues 933 personas que componen más de 230 familias se mantienen en esa calidad, de acuerdo a los censos de familias atendidas.
De ese número de personas, 228 menores están en edad escolar, a quienes se les ha facilitado la continuación de sus estudios en sus nuevos lugares de residencia, habilitando aulas móviles en los casos necesarios, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Millán Bueno informó que desde el desde el 19 de julio iniciaron las visitas tanto a los pueblos expulsores de familias desplazadas, así como en los lugares donde se han instalado, principalmente en Villa Unión y Mazatlán, donde se llevó un programa de afiliación del Seguro Popular en la colonia Ampliación 7 de Abril, de Villa Unión, para incorporar a las familias a ese servicio de salud.
Además, informó que se han entregado 2 mil 500 despensas, mil bultos de lámina y 300 colchonetas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que mediante el Sistema DIF Sinaloa, se han dotado de otras mil 700 despensas alimenticias, y 10 mil desayunos fríos.
Por lo que toca al desarrollo de obras de infraestructura, la secretaria Millán Bueno dio a conocer que se realizan diversas acciones en Concordia, a través de programas de pisos y techo firmes, obras de pavimentación, particularmente en La Petaca donde se han pavimentado dos calles, con una inversión de 4 millones de pesos.
A su vez, el Fondo de Infraestructura Social Municipal tiene etiquetados 18 millones de pesos que se han estado ejerciendo en este municipio de Concordia para atender las comunidades de alta prioridad y los programas especiales como los comedores comunitarios con una inversión de 630 mil pesos para garantizar el derecho a la alimentación.
“Tenemos recursos adicionales que ya estamos dirigiendo a la atención de familias desplazadas una vez que regresen a sus lugares de origen o a las que decidan quedarse”, dijo.
La reunión de trabajo estuvo dirigida por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Marco Antonio Osuna Moreno, y encabezada también por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Tirado Sandoval; y el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Antonio Corrales Burgueño.
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