Ciudad de México.- La diputada María Rosete (PT) planteó adicionar el artículo 61 Ter a la Ley General de Salud en materia de atención materno-infantil con el objeto que el personal de salud que atienda a una menor de edad embarazada deberá dar aviso a la unidad de Trabajo Social, para que conjuntamente con un profesional en psicología, entrevisten a la niña o adolescente y emitan un dictamen a fin de descartar que exista un riesgo que la presuma como víctima de violencia sexual.
La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Salud para su estudio, agrega que, en caso de identificar posibles signos de violencia sexual, deberán dar aviso inmediato al Ministerio Público como autoridad responsable para su conocimiento, debida investigación y garantizar la seguridad de la menor gestante.
Expone que en México la tasa de violación de niñas y niños en 2020 fue de mil 764 por cada cien mil, y cinco mil por cada 100 mil habitantes en tocamientos no deseados.
Menciona que la organización Ipas-México identificó que la violencia de género y específicamente la sexual son dos de los grandes factores responsables y detonantes de los altos números de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años en el país.
Agrega que la población de 17 años equivale a 40.26 millones, de las cuales 19.72 millones son niñas y adolescentes violentadas sexualmente.
La iniciativa señala que las víctimas, sin importar su género, sufren consecuencias sociales, conductuales y de salud mental; sin embargo, las mujeres, niñas y adolescentes soportan la carga más preocupante al ser vulnerables en su salud sexual y reproductiva con embarazos no deseados y abortos inseguros.
Indica que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes. Al año, 340 mil nacimientos son de mujeres menores de 19 años, con una tasa de 77 nacimientos por cada mil embarazos.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el 94 por ciento de quienes son abusadas sexualmente no suelen denunciar por temor a la violencia física, psicológica y emocional ejercida hacia ellas, y por la desconfianza en las autoridades o prejuicios sociales.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) subraya que de cada 100 casos de agresiones cometidas en México, únicamente seis son denunciados, consignándose sólo a un tercio de dichas querellas.
La iniciativa indica que, de aprobarse, la reforma reducirá el índice de denuncias no realizadas por las víctimas, quienes, debido al temor, al riesgo de represalias, de ser culpadas, por vergüenza, o falta de apoyo, no presentan querella y/o denuncia ante la autoridad competente.
