Son miles los albañiles, carpinteros, jardineros, soldadores y otros trabajadores de primera línea que buscan empleo en Norteamérica, más allá del Río Bravo. A ellos, los cárteles de la droga los ven como botín y ya toman control de ese trabajo migrante temporal hacia Estados Unidos y Canadá con el fin de diversificar sus actividades ilícitas. Se dieron cuenta de que es fácil abusar de ellos con impunidad.
De acuerdo con sindicatos, activistas y autoridades de Canadá, Estados Unidos y México que han denunciado por décadas las violaciones de los derechos laborales, el crimen organizado tomó notas del ninguneo a las víctimas y fue tras el millonario negocio.
Observaron que pueden pedir cuotas ilegales de entre 7 mil y 25 mil pesos por el reclutamiento o por ofrecer trabajos inexistentes; que no pasa nada si cobran por transportar a los aspirantes a sus sitios de trabajo, aunque esté prohibido; que montar falsas entrevistas laborales es sencillo y que pueden llevar de aquí para allá a narcos, amén de las personas víctimas de trata.
Entre 2015 y 2020, la organización civil estadounidense Polaris identificó a más de 10 mil potenciales víctimas de trata relacionadas con México, que laboraban en diversas industrias en Estados Unidos. También el Sindicato de Alimentos y Comercio de Canadá (UFCW, por sus siglas en inglés) denunció entre 2017 y 2018 a una red de trabajo sexual y explotación laboral alimentada con engaños a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).
“Lo que nos están diciendo los trabajadores que buscan ayuda en Canadá es que los reclutadores van a sus municipios y les venden la idea de que van hacer ciertos trabajos, pero en realidad es una oportunidad para el crimen organizado de meterse en la economía gris, bajo la mesa, a través de la contratación temporal”, advirtió Pablo Godoy, director de Asuntos Internacionales del UFCW en entrevista con MILENIO.
“El problema es que hay una falta de inspección por parte de los gobiernos en el PTAT de cómo se crean o cómo operan muchas empresas que están llevando a los trabajadores”
El Programa de Trabajadores inició operaciones en 1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los Gobierno de México y Canadá con el fin de mantener un movimiento migratorio regulado que se ha mantenido en un incremento ligero pero persistente.
Para este año oficialmente se calcula que llegará a las 27 mil personas. Desde 2018, cuando fueron 25 mil 331 trabajadores, cada año se ha mantenido desde una base de 22 mil 130 en 2020, hasta picos de 26 mil 407 en 2019, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración.
A pesar de la importancia binacional, Godoy señala que el programa no cuenta con un registro público y abierto, le falta inspección y hay lagunas legales.
Esquemas más complejos enfrentan quienes van a Estados Unidos, reconoce la asociación binacional sin fines de lucro Centro de los Derechos del Migrante (CDM) que desde 2014 ha documentado en diversos informes los abusos a través de la contratación de migrantes temporales que impactan anualmente hasta a 10 mil familias.
A diferencia de lo que sucede con Canadá, con Estados Unidos no hay un acuerdo formal para la movilidad. Sin embargo, este ofrece visas H2A, para trabajadores agrícolas, y H2B para oficios como construcción, jardinería, ferias y carnavales. A través de estas se llevan desde aquí a más de 350 mil personas.
Aunque en tiempos recientes el Departamento del Trabajo en Estados Unidos exige más requisitos a sus empresas, estas todavía quedan en libertad de contratar a intermediarios para el reclutamiento en México y es justo ahí donde los cárteles meten su colmillo: con esquemas ilegales mueven a capricho las “plazas” y dominan las actividades económicas.
