Guamúchil, Sinaloa.- El decreto aprobado por el poder legislativo en materia de propaganda gubernamental no es una interpretación legal, es una modificación a la ley electoral y no aplica para este Proceso de Revocación de Mandato, se trata de una reforma electoral en materia de participación ciudadana hecha a destiempo y que se trata de disfrazar de interpretación de la ley. Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien estableció que la propaganda gubernamental “son los actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas para hacer del conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.
Ese decreto pretende desconocer no sólo al INE y las medidas cautelares que éste emite en concordancia con la Constitución y la ley, también pretende desconocer al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al igual que al INE, no lo tienen bajo su control, ya que una y otra vez ha confirmado las medidas cautelares que emite el INE.
No es de genuinos demócratas pretender darle la vuelta a la Ley y a la Constitución. Por eso, desde aquí hacemos un llamado a los actores políticos para respetar las reglas, porque la sistemática violación de las reglas que se está dando en la propaganda relativa a la Revocación de Mandato, nos lleva a recordar que en la competencia electoral quien viola la ley erosiona las bases de la convivencia democrática, vulnera el arreglo político en el que se sustenta la democracia y, en consecuencia, no sólo hace trampa, comete fraude a las leyes y ahuyenta a las y los electores de las urnas.
En el INE no queremos que la polarización y la intolerancia se sigan extendiendo por el país, ni a quienes a través de la trampa y la mentira pretenden engañar a la población y a las autoridades. Un país plural, diverso y desigual como lamentablemente es el nuestro, necesita fortalecer los mecanismos de inclusión y lealtad con la convivencia democrática y eso supone con las reglas del juego.
