Ciudad de México.- Con más del 70 por ciento de sus elementos sin certificación para desempeñar labores policiacas, la Guardia Nacional (GN) recibe cada vez más denuncias por violación de derechos humanos, y por primera vez superó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), alertó la organización civil México Evalúa.
El reporte “Hallazgos. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal” precisa que, de 2020 a junio de 2022, la Guardia Nacional ha recibido mil 109 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.
En 2020 sumaron 350; 504, en 2021, y ya se registran 255 hasta junio del presente año.
En tanto, la Sedena ha recibido mil 19 en el mismo lapso, y la Fiscalía General de la República (FGR), 741.
“Lo que estamos viendo con la operación de la Guardia Nacional, nos deja más inquietos que tranquilos, porque sabemos que ya nos está indicando grandes costos en términos de violaciones a Derechos Humanos”, dijo Christel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, en la presentación del informe.
El estudio de México Evalúa detalla que hasta el 30 de junio de 2022, de los 118 mil 188 elementos que ha reportado la Guardia Nacional, solo 30 mil 199, el 29 por ciento, han recibido el certificación sobre capacidades y aptitudes necesarias para realizar funciones policiales, un requisito previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para formar parte de cualquier institución.
“El ritmo con que ha crecido del estado de fuerza de la Guardia Nacional, y el hecho de que la gran mayoría de sus elementos cuentan con una plaza y una remuneración proveniente del presupuesto de la Sedena o la Semar (Secretaría de Marina), son un gran indicativo de que en la práctica se trata de una corporación de formación castrense”, se lee en el estudio apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Friedrich Naumann.
Aunque como candidato, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la militarización de la seguridad pública iniciada por Felipe Calderón, su gobierno ha superado en 44.3 por ciento el número de elementos de las Fuerzas Armadas en esa labor, incluso sin contar que hay al menos 79 mil elementos militares que se integraron a la Guardia Nacional, un cuerpo que nació con la promesa de ser una institución civil.
En el estudio se indica que actualmente 85 mil 310 efectivos de la Sedena o el 83 por ciento de su estado de fuerza, están desplegados en el territorio nacional, así como 29 mil 720 elementos de la Semar, y que de ese total 94 mil 678 están destinados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 10 mil 249 al resguardo de instalaciones estratégicas; 2 mil 839 al combate al mercado ilícito de combustible y 28 mil 807 al Plan de Migración y Desarrollo en las fronteras norte y sur.
“Las anteriores cifras rebasan por mucho lo visto en sexenios previos. Como muestra, la cantidad de personal del Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio con funciones de seguridad pública aumentó un 44.3 por ciento en comparación con el año en el que más despliegue hubo durante la administración de Felipe Calderón”, se afirma.
La investigación critica también el incumplimiento de la reforma constitucional de marzo 2019 con que se creó la Guardia Nacional, que estipulaba que ésta debía ser una institución de carácter civil y limitaba hasta marzo de 2024 el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad publica, pues en ese lapso se fortalecerían a los cuerpos policiacos, algo que no ha sucedido.
Por el contrario, el Gobierno federal ha solicitado que la Guardia Nacional pase a la Sedena y que los militares sigan en las calles hasta 2028, mientras que se abandonan a las policías locales.
El estudio documenta que en 2021, del gasto ejercido en funciones de seguridad y justicia por el Gobierno federal, el 39.2 por ciento fue para la Sedena; el 11.3 para la Marina, y solo el 9.3 para la policía.
“No se hizo nada para fortalecer a las policías de lo que estaba planeado. Todo lo contrario, los recursos que reciben las Fuerzas Armadas son recursos que no reciben las instituciones civiles, la militarización en el País se profundiza y no estamos construyendo nada para detenerlo. No veo que estén las condiciones para que las instituciones civiles se fortalezcan y eventualmente podamos pedirle al Ejército que regrese a las funciones que le corresponden, Lo que veo es que le dije a esto se fortalece, lo que veo es como un juego de suma cero”, dijo Edna Jaime, directora de México Evalúa.
Según el reporte, el 91.8 por ciento de los delitos a nivel nacional quedan impunes y solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelve en el Sistema de Justicia Penal.
En la novena edición del informe se incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos. De acuerdo con los datos, el 98.9 por ciento de los delitos de desaparición forzada quedan impunes; el 98.2 de extorsión; el 97.1 de violencia familiar y el 96.9 por ciento de los homicidios dolosos.
A la presentación del informe acudió el director de la USAID, Bruce Abrams, quien recordó que la colaboración entre México y Estados Unidos lleva más de 10 años.
“Creemos que las organizaciones de la sociedad civil son un pilar básico para la democracia en México o en Estados Unidos y seguiremos trabajando juntos”, sostuvo
