MÉXICO, DF .- El Chapo fue recapturado y encarcelado el viernes 8, pero el patrimonio de su organización criminal continúa intacto: opera y lava dinero en el mercado mexicano a través de decenas de empresas de servicios.
Para ello, el Cártel de Sinaloa utiliza restaurantes, gasolineras, inmobiliarias, casas de empeño o procesadoras de carne –entre otras– en estados como Jalisco, Ciudad de México, Baja California o Puebla, según ha detectado el gobierno de Estados Unidos desde el 2000.
Las decenas de compañías del emporio criminal trabajan al amparo de las autoridades mexicanas, pues pagan impuestos e incluso algunas han sido subsidiadas por la administración federal, que las incluyó en padrones de beneficio agropecuario o de seguridad social. Es el caso de las corporaciones Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., la Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C. de R. L. de C.V. o la estancia infantil Niño Feliz.
Además, dichas firmas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no han sido sometidas en México a “auditorías tributarias” debido a un “pacto de impunidad”, sostiene Edgardo Buscaglia, investigador en materia de crimen organizado.
No se persigue a las corporaciones blanqueadoras aun cuando en abril de 2014 Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, firmó con Washington un acuerdo que impide a personas y consorcios inscritos en dicha lista negra realizar operaciones en el sistema financiero de México. “O sea que el pacto de impunidad ya lleva el apellido Videgaray”, sentencia Buscaglia.
Con información de Proceso
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