Guamúchil, Sinaloa.- La ex fiscal especializada en combate a la corrupción en Sinaloa, Reyna Angulo, destacó la trascendencia de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, la cual entró en vigor este 2024 y marca un hito en la democratización de la justicia en el país.
En entrevista, la abogada Reyna Angulo Valenzuela explicó que la principal innovación de esta reforma es la elección ciudadana de los integrantes del Poder Judicial Federal, que incluye ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas. Asimismo, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar y sancionar las posibles irregularidades en la impartición de justicia.
“El objetivo central es reafirmar la soberanía popular, un principio constitucional que establece que el poder emana del pueblo. A partir del primero de junio, las y los ciudadanos tendremos la oportunidad histórica de elegir a quienes impartirán justicia”, señaló ex fiscal..
Este proceso de elección directa se considera un referente a nivel mundial, al ser la primera vez que un país selecciona a los integrantes de su Poder Judicial mediante el voto popular. Mientras que a nivel federal se implementará de inmediato, en Sinaloa la reforma establece que será hasta 2027 cuando se aplique este mecanismo de elección.
Angulo Valenzuela destacó que uno de los principales objetivos de la reforma es combatir el nepotismo y la corrupción, problemáticas que han afectado por años al sistema judicial. La apertura de procesos democráticos permitirá que abogados y abogadas con los requisitos establecidos puedan aspirar a estos cargos públicos, sometiéndose al escrutinio ciudadano.
“Ahora, quienes buscan impartir justicia deberán presentar propuestas claras y transparentes durante una campaña que se llevará a cabo del 30 de marzo al 28 de mayo. En este periodo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer a los candidatos y evaluar sus trayectorias y propuestas”, agregó.
Respecto a la incertidumbre sobre los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, Angulo Valenzuela subrayó que la reforma garantiza la conservación de estos derechos. “La ley es clara: los empleados de base mantendrán sus plazas y beneficios. La reestructuración impacta únicamente a los operadores de justicia”, afirmó.
